Exponen algunas conclusiones derivadas de la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en Oaxaca
Personas usuarias del sistema de seguridad y justicia, académicas y especialistas analizaron problemáticas a las que se enfrenta la ciudadanía
Para acercar la justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es necesario garantizar la protección de sus derechos humanos, tomando en consideración su cultura y sistemas normativos, afirmaron personas especialistas durante la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, realizada en Oaxaca.
En esta edición del Encuentro Nacional, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), participaron más de 250 personas usuarias del sistema, así como integrantes de la academia y de la sociedad civil, en 18 mesas de trabajo con cuatro ejes temáticos: el acceso a los servicios legales con enfoque en los derechos humanos; los derechos de las víctimas del delito; el Sistema Nacional de Impartición de Justicia; y los estándares del Poder Judicial Federal.
Una de las principales conclusiones tiene que ver con el contexto pluricultural de la entidad y es que, para alcanzar una agenda de seguridad y justicia integral, es indispensable un enfoque multicultural y respetuoso del pluralismo jurídico, así como mantener un diálogo abierto con estos grupos vulnerables.
En este sentido, Alejandro Velázquez Martínez, presidente de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados capítulo Oaxaca, quien fungió como moderador en una de las 18 mesas, reconoció que a pesar de que se ha avanzado en esta materia, bajo una perspectiva indígena, todavía existen muchas áreas de oportunidad.
“Derivado de la pluriculturalidad que es originaria del estado, todavía no tenemos acceso a una administración de justicia que pueda compartir la cosmovisión de muchos de esos grupos originarios, de igual manera tampoco existe como tal, una capacitación integral a las y los servidores públicos para que puedan garantizar un acceso a la justicia eficaz y eficiente, como se tiene que llegar a establecer”, afirmó.
Otra de las conclusiones que presentaron los participantes, y que se ha repetido en las sesiones anteriores tiene que ver con la falta de una capacitación integral a las y los servidores públicos para que puedan garantizar servicios de calidad a los grupos vulnerables y a las víctimas.
El Magistrado Alejandro Magno González Antonio subrayó que uno de los problemas identificados en la mesa que moderó es la necesidad de implementar mecanismos de mejora continua en las instituciones públicas: “no necesariamente crecer la burocracia en el servicio, sino una organización que permita perfiles que identifiquen áreas de atención especializada”.
Erik Carmona López, abogado litigante, consideró que, para mejorar la atención a las víctimas, es esencial combinar sensibilización y capacitación, lo cual implica contar con datos, una metodología y protocolos basados en un marco teórico sólido. Y agregó que “hace falta sensibilizar al Poder Judicial en el área de víctimas, un punto importante es qué opina la gente, cómo accede a ello y cómo ve, que va de la mano con la capacitación”.
Por su parte, Alejandra Silva Soriano, docente y abogada especializada en materia electoral, señaló problemas como la falta de conocimiento sobre los mecanismos de protección con los que cuentan las personas, por lo que propuso democratizar la justicia, acercándola a la sociedad, a través de un lenguaje accesible y transparente. Reconoció que “en el ámbito de la justicia se cae en términos muy técnicos que a veces para la ciudadanía pueden parecer un poco lejanos”.
Finalmente, Eduardo Castillo Cruz, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, resaltó que identificar las causas que limitan el acceso a la justicia, como la falta de diagnóstico y programas, es crucial para encontrar soluciones efectivas, por lo que propuso una atención inmediata a los problemas cotidianos, así como la difusión de información para que la ciudadanía conozca sus derechos, los mecanismos de protección disponibles y las garantías para hacerlos efectivos.
La próxima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia se llevará a cabo este 25 de abril en la ciudad de Mérida, donde se convocará a distintos actores e instituciones sociales, profesionales, académicos y estudiantes de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para conocer más información sobre esta iniciativa, se puede acceder al sitio oficial: https://www.scjn.gob.mx/encuentro. (Comunicado SCJN)